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Diario Sur – C. G. – 07/04/2010

Un día después de que las correcciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella se aprobaran en pleno con los votos de PP y PSOE, los únicos concejales que votaron en contra del documento escenificaron de nuevo sus críticas al futuro planeamiento, especialmente en que, a su juicio, apenas podrá desarrollarse. Así, el edil de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, se mostró convencido de que el municipio no obtendrá ni el 10% de las compensaciones que fija el Plan para la normalización de más de 16.000 viviendas ilegales. “Se ha optado por una fórmula muy débil técnica y realmente”, valoró.

Tampoco se anduvo por las ramas Juan Luis Mena, concejal no adscrito, que censuró que el PGOU son “pretensiones políticas” de las que apenas se podrá ejecutar “un 15 por ciento”. “Es un plan que no sirve para nada”, añadió. Les acompañó en la rueda de prensa Juan Antonio García, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, que no escatimó críticas tanto para el PP como para el PSOE. “San Pedro ha salido muy perjudicado”, se lamentó. Citó, por ejemplo, el cambio de usos en suelos anteriormente zonas verdes.

Noticia en Diario Sur.

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Diario Sur – 04/12/2009

El concejal no adscrito Juan Luis Mena y los colectivos Opción Sampedreña (OSP) y los Independentistas de San Pedro Alcántara (ISP) acusaron ayer a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, de realizar los tres informes municipales que rechazan la segregación del núcleo poblacional “a la carta”, de manera “sesgada” y de forma “incompleta”.

Según apuntó ayer el edil, Muñoz “miente” al afirmar que la independencia de los sampedreños supondría una subida en los impuestos del 55% ya que sólo recogen el Impuesto de Bienes Inmuebles y no así otros tributos como el de vehículos de tracción mecánica, las licencias de apertura, las urbanísticas y las transferencias corrientes de otras instituciones.

Mena aprovechó para solicitar nuevamente a la Junta de Andalucía que se pronuncie a favor del expediente de segregación, a pesar del rechazo que ha sufrido la petición en el pleno municipal en base a los mencionados informes. En este sentido, insta a la Administración autonómica a aplicar la Ley de Demarcación Territorial de Andalucía del año 1985 ya que el expediente se presentó en 1992, y no la normativa de 1993, que ha sido la utilizada con carácter retroactivo para elaborar los informes, según el concejal no adscrito.

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